INFORME DEL CODEHUTAB POR SUS 35 AÑOS
El día 10 de febrero de 1990, se constituye legalmente el Comité de Derechos Humanos de Tabasco A. C., motivado por las graves violaciones a derechos humanos que desde ese tiempo se suscitaban en el Estado, siendo gobernador en aquél entonces Salvador Neme Castillo, quien de manera directa e indirecta era el responsable de las violaciones a derechos humanos que los ciudadanos, campesinos, indígenas y las familias más pobres y marginadas sufrían de manera recurrente. No solo en Tabasco se vivía esta situación, sino que era un cáncer generalizado en todo el país, lo cual provocó que grupos de personas conformados por religiosos, profesionistas, intelectuales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, se agruparan para formar y construir el gran movimiento de la defensa de los derechos humanos, debido a que, en ese entonces, en México no existía ningún organismo por parte del Estado que protegiera y garantizara el respeto a los derechos humanos. Es así como a nivel nacional surgen grupos de defensores de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro y el Centro Francisco de Vitoria, en la Ciudad de México. Posteriormente nace el Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas; el Codehutab, en Tabasco, y otras organizaciones a lo largo del país. El surgimiento de los centros de derechos humanos en la sociedad civil provocó que el presidente de México en ese tiempo, Carlos Salinas de Gortari, enviara al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual fue creada en junio de 1990, a los cuatro meses de haberse constituido el Codehutab.
La defensa de los derechos humanos por parte de los organismos de la sociedad civil en todo el país, entre estos el Codehutab, se vio sujeta a innumerables actos de represión y hostigamiento por parte de los gobiernos federales y estatales. Esto debido a que denunciar y demandar a los entes del Estado era considerado por el gobierno autoritario y violador de derechos humanos como una afrenta o falta de respeto y, sobre todo, un peligro para sus intereses políticos y económicos. En México y en Tabasco, se empezaban a forjar los cimientos en la sociedad para conocer y exigir al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos.
El Codehutab fue objeto de persecución y hostigamiento desde el gobierno de Neme Castillo, cuando se asumieron casos de tortura, asesinatos y desapariciones por parte del gobierno. El hostigamiento y represión se agudizó cuando desde el Codehutab se comenzaron a organizar las observaciones de comicios electorales, debido al autoritarismo y fraude electoral que desde esas épocas imperaban en Tabasco.
Esos fueron algunos de muchos obstáculos que tuvo que sortear en sus inicios el Codehutab en la defensa de los derechos civiles y políticos.
Posteriormente, se asume la defensa de los derechos humanos de campesinos e indígenas en su lucha contra la contaminación causada por Pemex, que, como hasta en la actualidad, gozaba de blindaje y protección de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno. En aquellos tiempos, la lucha principal contra Pemex era por la contaminación de tierras, lagunas y cultivos, producida por los derrames e infraestructura petrolera.
En los últimos cinco años, el Codehutab ha acompañado y defendido los derechos humanos de las comunidades a un medio ambiente sano, los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos humanos de los migrantes a una vida digna, y el derecho humano a vivir en un Estado de seguridad y de paz.
En la actualidad, Pemex y las empresas dedicadas a la actividad petrolera siguen gozando del blindaje y protección del gobierno en sus tres niveles, y así ingresan a las propiedades o parcelas de los campesinos, que en su mayoría son indígenas, para realizar trabajos de exploración e instalación de infraestructura sin la autorización de sus legítimos dueños, ocasionando un despojo a la tierra y territorio. Se suma a lo anterior el daño ambiental que se provoca con esta actividad, impactando en la agricultura y en la pesca, principales actividades económicas que desempeñan los campesinos en sus comunidades.
Es común encontrar a nuestros hermanos campesinos e indígenas en las oficinas de Pemex y otras dependencias gubernamentales, demandando y gestionando la reparación de daños causados en sus comunidades por Pemex y las empresas dedicadas a la actividad petrolera. Dichas demandas justas nunca tienen una respuesta favorable, ya que, a decir de Pemex y las dependencias gubernamentales, sus demandas son improcedentes. Mientras tanto, los habitantes de las comunidades se ahogan en represas, zanjas y celdas repletas de lodos tóxicos, aceites e hidrocarburos, que se derraman en sus pequeñas propiedades y parcelas, afectando así sus actividades económicas de donde obtienen el sustento para sus familias, y dañando la salud en general de la población. Ante la cerrazón de Pemex y las autoridades al resarcimiento del entorno ecológico y al pago de la reparación de daños, los campesinos e indígenas se ven en la necesidad de realizar medidas de presión, tales como bloqueos de caminos de acceso a instalaciones, retención de vehículos y personal de las empresas contaminadoras. Ante esto, inmediatamente el Estado-gobierno reacciona para reprimirlos e intentar encarcelarlos, pero no así, para atender y dar solución a sus justas demandas; tal como sucedió en los años 2022 y 2023 en las comunidades de las Porfías, del Poblado Simón Sarlat, Centla, y de la ranchería Galeana segunda sección, del municipio de Jalpa de Méndez.
En el primero de los casos, la empresa china SINOPEC, se introdujo sin permiso de los habitantes a los ríos y lagunas que legalmente están concesionadas a sociedades cooperativas pesqueras, conformadas por población indígena del lugar donde SINOPEC realizó trabajos de exploración, utilizando para ello aerobotes, lanchas y detonaciones, que propiciaron que las especies de peces nativas de la región murieran o emigraran a consecuencia de los ruidos de los motores y detonaciones, y de la contaminación de las aguas provocadas por la gasolina y aceites emanados del tráfico de motores acuáticos, dejando sin sustento a más de mil doscientas familias de pescadores, desde el mes de junio de 2022 hasta la actualidad.
En el segundo de los casos, Pemex pretendió instalar un oleogasoducto de 36 pulgadas por debajo de las viviendas de la ranchería Galeana segunda sección, de Jalpa de Méndez. Por la magnitud y peligro de la obra, los habitantes solicitaron a Pemex una proyección del estudio de manifiesto de impacto ambiental, y de la norma ambiental que regula y fundamenta la instalación de este tipo de infraestructura, para saber a qué distancia del núcleo poblacional se deben instalar sin poner en riesgo la integridad física de los habitantes, ya que el citado oleogasoducto iba a transportar gas, aceite y crudo. Solo recordar, que este tipo de obras han cobrado la vida de personas en comunidades, como Plátano y Cacao, Centro, y Huimango, Cunduacán, donde se han registrado explosiones. Lo único que solicitaban los habitantes de Galeana a Pemex, era la información para tener la certeza que sus vidas no correrían algún tipo de riesgo. Esta información fue negada por Pemex en dos reuniones que se sostuvieron en la comunidad. Posteriormente vino la represión cuando Pemex intentó introducir la maquinaria y los habitantes se opusieron. Los antimotines y la policía municipal de Jalpa de Méndez los reprimieron y, paralelo a ello, les iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República, esto a pesar de que días antes se había realizado una reunión en la Secretaría de Gobierno donde se firmó una minuta de acuerdos. El Codehutab obtuvo información, mediante Ley de Transparencia, en donde se supo que Pemex no contaba con el estudio de impacto ambiental para dicho proyecto.
La falta de mantenimiento a la infraestructura de Pemex es otro de los factores que causa estragos en la vida y patrimonio de las familias que habitan en las comunidades petroleras. En el año 2021, la Unidad de Seguridad y Protección Civil de la Subdirección de Servicios Corporativos de Pemex, informó que durante el año 2021 se registraron 146 incidentes de derrame de crudo en sus instalaciones; en el año 2022 se registraron 97; y hasta el mes de junio de 2023 llevaban contabilizadas 68. También informó, que en el año 2021 se registraron 92 fugas de gas; en el año 2022 reportó 36, y hasta julio de 2023 contabilizó 45. Sin embargo, en el año 2024 esta misma unidad reportó datos muy distintos a los reportados en 2023, pues en esta ocasión las cifras fueron: 41 derrames en 2021, 35 en 2022, 47 en 2023 y 16 hasta junio de 2024. Respecto a las fugas de gas informó: que durante el año 2021 se registraron 29; 30 en 2022; 32 en 2023, y hasta junio de 2024 iban 17. Estas discrepancias ponen en duda la veracidad con la que Pemex informa este tipo de situaciones. Para evadir su responsabilidad ha encontrado la justificación perfecta, al argumentar que la mayoría de los siniestros se debe a actos vandálicos, con lo cual pretende evadir la reparación de daños a los campesinos.
Otra de las líneas de acción que el CODEHUTAB ha acompañado, ha sido la de impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres para que puedan alcanzar una vida libre de violencia. Por tal razón, desde el año 2010, el CODEHUTAB participó activamente con otros colectivos en la entidad para lograr que, en el año 2012, por fin, se tipificara en el Código Penal del Estado el delito de feminicidio, debido a que cada vez era más recurrente el asesinato de mujeres, por su condición de mujer. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para frenar las muertes violentas de mujeres. Por tal razón, en el año 2016, el CODEHUTAB solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, el mecanismo de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Tabasco, que lamentablemente la CONAVIM se negó a decretar y, en su lugar, emitió 9 recomendaciones dirigidas al gobierno de Tabasco, siendo en ese entonces Arturo Núñez Jiménez, quien dijo acatarlas. Al final del plazo concedido para el cumplimiento, manifestó que en el estado se habían realizado más de 2200 acciones para su cumplimiento, versión que no fue cierta, porque los casos de asesinatos y violencia contra la mujer se mantuvieron, incluso, fueron al alza.
Por lo anterior, en el año 2022 el Codehutab de nueva cuenta solicita Declaratoria de Violencia de Género a la CONAVIM, demostrando con datos reales la presencia de violencia feminicida, violencia familiar y violencia sexual contra las mujeres de Tabasco, además de la falta de acceso a la justicia. En esta ocasión, la CONAVIM se negó a resolver conforme a derecho y, en su lugar, resolvió mediante imposición y concertación del Secretario de Gobernación, en ese entonces, Adán Augusto López Hernández. Como resultado, la CONAVIM emitió 15 recomendaciones al gobierno de Tabasco, representado por Carlos Merino Campos como gobernador, sin que hasta la fecha se hayan cumplido en su totalidad, a pesar de que, para el cumplimiento de cada una de ellas, están señalados tiempos fatales. El Codehutab mantiene el seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, así como también realiza asesorías y acompañamiento jurídico a familiares de víctimas de feminicidio y, en algunos casos, de violencia familiar.
La violencia en contra de las mujeres se mantiene al alza en cuanto a feminicidios. En el año 2020 se contabilizaron 15 casos; en el año 2021, caso 15; en el año 2022 se registraron 17; en 2023 la cantidad de 18 casos; en 2024, 28 casos y; en lo que va de 2025 ya se contabilizan 2 casos de feminicidio. En lo que respecta a la violencia familiar, en el 2020 la Fiscalía general del estado inició 6 mil 445 carpetas; en 2021, inició 7 mil 791; en el 2022, la cantidad de 7 mil 426 carpetas; en el 2023 el número de carpetas llegó 7 mil 514; y en 2024 se contabilizaron 7 mil 288 carpetas. En cuanto a la violencia sexual, en 2020 se contabilizaron 822 casos; en 2021, mil 32 casos; en 2022, mil 37 casos; en 2023, mil 22 casos; y en 2024, 789 casos.
Todos estos datos demuestran que los diferentes tipos de violencia contra la mujer se mantienen en los mismos estándares y que las recomendaciones emitidas por la CONAVIM son solo una simulación que no cumple con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Queda evidenciado que no es un organismo en pro de los derechos humanos de la mujer, sino un organismo cooptado y manipulado por el gobierno federal, y que las solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género no las resuelven conforme a la realidad que viven las mujeres, sino de acuerdo con la línea y orden que le impone su jefe o jefa inmediata. En Tabasco, por citar algunos ejemplos, no se ha cumplido en su totalidad la recomendación de instalar el Centro de Justicia para la atención a mujeres víctimas de violencia, ya que, si bien es cierto que se encuentra laborando, también es cierto que aún está pendiente de funcionar la sala de juicios orales. En cuanto a la recomendación que obliga al gobierno del estado a concluir un segundo Centro de Justicia a más tardar en este año, ni siquiera se ha colocado la primera piedra, solo se sabe de manera extraoficial que el Ayuntamiento de Balancán, de la administración anterior, donó un predio. Sin embargo, no se han realizado los estudios de factibilidad, y mucho menos, un proyecto ejecutivo. Tampoco el Congreso del Estado ha armonizado el Código Penal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en lo que respecta a sancionar a los funcionarios públicos que no atiendan o que obstaculicen el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. La Fiscalía General del Estado tampoco ha instalado agencias especializadas en delitos contra la mujer en los 17 municipios. Estos solo son unos ejemplos de la falta de interés y seriedad con que las autoridades del Estado de Tabasco atienden el grave problema de violencia que sufren las mujeres.
La inseguridad es otro cáncer que vulnera a nuestro estado y a su población en general. Desde el Codehutab, vemos con preocupación cómo año con año la violencia se recrudece en nuestro estado, rebasando la capacidad del gobierno en sus tres niveles, y porque, en algunos casos, elementos de las mismas corporaciones se encuentran involucrados con los grupos delincuenciales. El nivel de violencia en el estado de Tabasco en los últimos cinco años se ha incrementado alarmantemente de manera gradual. En 2020 se registraron 604 ejecuciones, de las cuales 562 fueron hombres y 42 fueron mujeres; en el año 2021 se registraron un total de 451 ejecuciones, de las cuales 417 fueron hombres y 34 mujeres; en 2022 se registraron 328 ejecuciones, de las cuales 303 fueron hombres y 25 mujeres; en 2023 hubieron 253 ejecuciones, de las cuales 243 fueron hombres y 10 mujeres; en el año 2024 se registraron un total 892 ejecuciones, de las cuales 823 fueron hombres y 69 mujeres; en lo que va de enero al 5 de febrero del presente año, se han realizado 114 ejecuciones, de las cuales 107 son hombres y 7 mujeres. En diciembre de 2023, el gobierno federal envió a Tabasco 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Secretaría de la Defensa para combatir la inseguridad; en enero del presente año, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió a Tabasco a 180 elementos, y en febrero 300 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la estrategia de seguridad. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para reducir los índices de violencia, sino todo lo contrario, ésta sigue presente sin ningún contratiempo. Las ejecuciones en promedio en el mes de enero aumentaron, en comparación con los meses de años anteriores.
Los migrantes son un grupo muy vulnerable al que se le brinda atención en el trabajo del Codehutab, por lo cual, hemos dado cuenta de las constantes violaciones de los derechos humanos de los que son víctimas, que van desde el robo de sus pertenencias por parte de las autoridades y, de manera particular, del Instituto Nacional de Migración; la privación ilegal de la libertad que de manera recurrente son objeto por parte de Migración cuando son asegurados en las estaciones migratorias, donde no se les permite comunicarse con sus familiares; además que en las oficinas de Migración no responden los teléfonos a donde llaman los familiares de los migrantes asegurados para pedir información de su paradero. Es lamentable ver cómo las autoridades mexicanas aseguran de manera masiva a grupos de migrantes en los estados del norte y centro del país y los vienen a tirar a las calles de los estados del sur-sureste, entre estos, Tabasco, donde se ve deambular a familias enteras de migrantes, con mujeres embarazadas e, incluso, con recién nacidos en brazos, sin que el gobierno estatal o federal les garantice el derecho humano a la alimentación y al alojamiento mientras se encuentran en el territorio nacional. Y, menos aún, el gobierno cumple con su obligación de bridarles la repatriación asistida a sus lugares de origen, para que sean acogidos por sus familiares y reciban de ellos la atención requerida.
Con la política antimigratoria y racista de Donald Trump en Estados Unidos, en México se generará una sobrepoblación de migrantes en los estados del norte y sur de nuestro país. En el norte, los migrantes deportados, y en el sur, los migrantes que cotidianamente entran a México y que ahora, por las presiones del gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano intentará frenar desde la frontera sur. Todo esto traerá como consecuencia una aguda criminalización hacia los migrantes por parte de las autoridades mexicanas y, con ello, violaciones graves a sus derechos humanos.
Para el Codehutab, los procesos educativos y de capacitación con los grupos que trabaja son de vital importancia, pues se considera sumamente importante que toda persona o grupo que ha sido vulnerado en sus derechos humanos conozca sus derechos para poder defenderlos, protegerlos y evitar su repetición. En México y, de manera particular, en Tabasco, los derechos humanos se violan de manera sistemática en todas y cada una de sus cinco generaciones. Es importante difundir los derechos humanos a la población, por eso, el Codehutab, de manera trimestral, edita la revista “El Pijije”, con temas de actualidad y coyunturales. También, se han publicado libros y revistas relacionadas con la contaminación ambiental y el derecho a un medio ambiente sano, así como también de la situación que guardan en la entidad los derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. De manera cuatrimestral, el Codehutab realiza el “Análisis de Contexto”, el cual es compartido en las comunidades, redes sociales y los grupos con que se trabaja. Además, el Codehutab sigue participando y formando parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, que agrupa a 87 organizaciones en todo el país. También participa y forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cual agrupa a 45 organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia a nivel nacional a favor de los derechos de las mujeres.
El trabajo del Codehutab, desde sus inicios, se ha visto hostigado y descalificado por los gobiernos que le ha tocado enfrentar. En sus inicios, se decía que el director era extranjero pernicioso, y sacerdote satánico. Cuando el PRI gobernaba, se decía que el Codehutab era perredista; cuando el PRD gobernó, se decía que el Codehutab era del PRI. Actualmente, los gobiernos a las organizaciones de la sociedad civil los meten en el mismo costal que a la oposición y se nos denomina: neoliberales, conservadores y seudo defensores. Y todo por cuestionar y denunciar las malas prácticas que desde el gobierno se realizan. El Codehutab, y las organizaciones hermanas, son colectivos que promocionan y defienden los derechos humanos y, de manera particular, los derechos de las personas, grupos y sectores más desprotegidos, frente al violador de derechos humanos, que resulta ser el Estado. Por tal razón, nos toca estar del lado de las víctimas, teniendo como contraparte al gobierno, independientemente de su origen político.
Desafortunadamente, tanto en el pasado como en la actualidad, los gobiernos son sensibles a la denuncia y a la crítica constructiva, que ellos la consideran como destructiva, y por eso cierran los espacios y canales para el diálogo, tal y como sucedió en la reciente campaña para gobernador, en donde no todos los candidatos quisieron recibir una serie de propuestas en materia de derechos humanos que el Codehutab, mediante una agenda, les presentó. El día de hoy, el Codehutab celebra sus 35 años de una ardua labor en favor de los derechos humanos, y con tristeza y preocupación se puede ver que existe una férrea resistencia por parte del gobierno para escuchar las demandas del Codehutab, ya que en ocasiones afecta sus intereses económicos y políticos, porque esas justas demandas son el reclamo y sentir de la población más vulnerable, y todo ello, a pesar de que quienes han gobernado el estado en los últimos tres sexenios en sus inicios se beneficiaron políticamente del trabajo del Codehutab y de las demás organizaciones afines.
Desde el Codehutab se hace un llamado al gobierno y sus autoridades para que no vean al Codehutab como un enemigo, sino como un organismo serio y preocupado por lo que acontece en nuestro país y nuestro estado, que no busca más que contribuir para que se viva en una sociedad más justa, en donde se respeten los derechos humanos y exista armonía entre el gobierno y los ciudadanos, que al final son quienes los llevan a ocupar el poder.
“La paz es fruto de la justicia”
Villahermosa, Tabasco; a 10 de febrero de 2025.